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SAT se pone "RUDO" con importaciones temporales y certificados de origen

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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizará fiscalizaciones más estrictas en el terreno de las importaciones de bienes y productos que ingresen al país, tanto en el terreno de importaciones temporales así como en los certificados de origen de importaciones que presentan las empresas para recibir preferencias arancelarias, ya que en ambos ha detectado un incremento de irregularidades.
 
Lo fiscalizamos más para crear esta percepción de riesgo, que los contribuyentes tomen sus medidas al respecto y eviten pagar multas o sanciones”, dijo Alfredo Hernández Vázquez, Administrador de Auditoría de Operaciones de Comercio Exterior del SAT.
 
Hernández se reunió el jueves con miembros del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Comercio Exterior (IMECE), donde explicó en un primer momento que muchos contribuyentes (personas morales principalmente) están realizando importaciones temporales y no las están retornando una vez cumplido el plazo estipulado, en vez de eso las venden en territorio nacional lo que se toma en un aspecto fiscal como un fraude para la autoridad.
 
El funcionario mencionó que tan sólo en 2015 unas 27 empresas han presentado este problema con la autoridad, pero que en el pasado han sido “cientos” los casos, y ejemplificó que se presenta más en productos como refacciones para aeronaves, embarcaciones y maquinaria pesada.
 
Certificados de origen
 
El funcionario indicó que el otro rubro donde se están presentando muchas irregularidades es con los certificados de origen que presentan las empresas con los que buscan aplicar preferencias arancelarias en la importación de algún producto, bajo el amparo de algún tratado de libre comercio que el país tiene firmado.
 
Nuestros procedimientos de verificación (de certificados de origen) que hacemos al amparo de los tratados (de libre comercio) básicamente tienen como fin buscar que las mercancías que están ingresando al país al amparo de un tratado sean originarias de ese país y es aquí donde viene el problema”, dijo Hernández.
 
En muchas ocasiones los importadores mexicanos compran productos en Estados Unidos y buscan aplicar las preferencias arancelarias previstas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), pero lo que no hacen es verificar que el producto cuente con un certificado de origen válido, es decir, los proveedores con tal de vender emiten los certificados sin que cuenten con las especificaciones requeridas, ya sea porque su producto cuenta con insumos o materiales provenientes de otros países.
 
En los textiles es donde más problemas tenemos. Todos estos problemas vienen de la falta de seriedad de no saber con quiénes están haciendo negocios” los importadores mexicanos, dijo Hernández.
 
El funcionario citó algunas cifras. “Entre el 2011 y 2014 tuvimos alrededor de mil 138 auditorías de verificación de origen de las cuales el 90% salió negativo, de ese 90% alrededor del 80% fue porque el proveedor en Estados Unidos nunca guardó la documentación y no le importó en lo más mínimo. El otro pequeño porcentaje son personas que efectivamente la producción no le alcanzó, cambiaron de proveedor y no se dieron cuenta y siguieron emitiendo certificados, pero la mayoría de los casos es por no guardar la documentación”, dijo.
 
Tan sólo en 2014, el SAT tuvo ingresos fiscales por auditorías en el tema de certificados de origen por más de 200 millones de pesos, refirió el funcionario.
 
Hernández extendió una invitación a las empresas a tomarse muy en serio la contratación de un experto en comercio exterior. Además, también recomendó a las empresas a que cuando encuentran algún tipo de irregularidad en sus procesos antes que la autoridad, ocupen la figura de la autocorrección que otorga el SAT para poder aplicar los distintos descuentos en multas que se ofrecen.
 
En 2012 el SAT decidió crear la Administración General de Auditoría de Comercio Exterior (AGACE), a la cual pertenece la unidad que lidera Alfredo Hernández junto con otras cinco administraciones. El objetivo es que la Administración General de Aduanas se dedique al 100% al despacho aduanero, mientras que la AGACE a todo lo posterior a éste, como la fiscalización y las auditorías, entre otras actividades.



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